Antifraude pone el foco en el año previo al inicio de las emisiones de À Punt

La Agencia Antifraude ha cursado un requerimiento a la dirección de À Punt en el que solicita documentación relativa a la gestión de la televisión autonómica a lo largo del año 2017. El consejo rector del ente tramitó la comunicación en su reunión de mediados de mayo, tal y como informó el presidente de este órgano, Enrique Soriano.

¿Qué busca Antifraude? La entidad que dirige Joan Llinares hace referencia al informe de la Sindicatura de Comptes -el órgano encargado de fiscalizar la actividad de la administración pública y sus sociedades- correspondiente al ejercicio inmediatamente anterior al inicio de las emisiones de la televisión valenciana, que se produjo en abril de 2018. Ese ejercicio anterior fue justamente el de la puesta en marcha de la estructura inicial de la nueva televisión, con la designación de Empar Marco como directora general en febrero, la de su organigrama de confianza y los primeros contratos de la nueva televisión.

La Sindicatura que dirige Vicent Cucarella detectó en su informe sobre el ejercicio de 2017 algunos aspectos susceptibles de análisis. Textualmente, el órgano fiscalizador se refirió a «incumplimientos significativos» en la contratación de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), como la falta de regulación «suficiente» de los principios generales de contratación pública en la norma aprobada por la CVMC para contratar producción asociada.

No sólo eso. El órgano encargado de vigilar la actuación financiera de la administración autonómica detectó una contabilización «inadecuada» de los saldos por transferencias de la Generalitat, que generaban un «aumento improcedente» de las cifras del balance del pasado ejercicio.

À Punt no detalla exactamente cuál es la documentación que le reclama Antifraude. Pero a la vista del contenido de las conclusiones de la Sindicatura, podría ser cualquiera de los aspectos puestos en cuestión por este organismo. El informe de la entidad que dirige Cucarella, muy contundente, también alertaba del «insuficiente contenido informativo» de la memoria sobre las existencias de la CVMC e indicaba que la mayor parte de estas, 4,2 millones de euros, correspondía a pagos anticipados a las empresas adjudicatarias cuando se formalizaron los contratos. Empresas –añadía– que no habían hecho «ninguna entrega de materiales» ni la CVMC había asegurado sus pagos «requiriéndolos las garantías oportunas».

Asimismo, explicaba que, a 31 de diciembre de 2017, de los 62 puestos de trabajo previstos en la plantilla había cubiertos 48, todos de manera provisional mediante bolsas de trabajo temporal; de estos 48 puestos, 42 (el 87,5 %) se habían cubierto con personal de RTVV.

En 2017 À Punt incorporó a la directora de Informativos (Remei Blasco), al director de Explotación (José Manuel García Duarte) y al director de Programación de la SAM (César Martí). El informe de la Sindicatura parecía referirse a ellas al alertar de que se llevaron a cabo contrataciones «sin la realización previa de procesos selectivos que garantizaran el cumplimiento de los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad previstos en su norma de creación».

Respecto a los gastos de personal, señalaba que en 2017 la CVMC había pagado 5.277 euros en concepto de primas de responsabilidad civil de los administradores y directivos tanto de la CVMC como de la sociedad anónima, por daños ocasionados en el ejercicio del cargo. La Sindicatura pedía que se pusiera «especial énfasis» en verificar que las coberturas de estos seguros no incluyeran los supuestos de culpa o negligencia grave, y señalaba que su contratación tendría que estar amparada en una norma aprobada por el Consejo Rector que regule los límites y el procedimiento.

Exponía asimismo que este consejo no había realizado la evaluación anual de la directora general de la sociedad anónima, prevista en el contrato de alta dirección firmado el 9 de marzo de 2017, y recomendaba que esa evaluación anual se hiciera los primeros meses de cada ejercicio. Respecto a la contratación, reclamaba mecanismos de control interno «adecuados» en la valoración de los criterios de adjudicación, para que se cumplieran los requisitos legales, y que las fórmulas para valorar las ofertas económicas no otorgaron puntos a las ofertas sin baja.

Transcurridos tres años de mandato, el pasado marzo, Marco renunció a continuar como responsable del ente.

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