El Constitucional declara nulo el pago fraccionado del impuesto de Sociedades que aprobó Montoro en 2016

El Tribunal Constitucional ha anulado el artículo único del decreto ley de 2016 que se estableció el pago fraccionado del impuesto sobre Sociedades. Esta norma formaba parte de una serie de medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público. La Audiencia Nacional estimó en enero del año pasado que la regulación de dicho pago fraccionado podía ser inconstitucional, y lo planteó ante el tribunal de garantías. En concreto, los jueces consideraron que dicho decreto podría vulnerar el artículo 86.1 de la Constitución y atacar el principio de capacidad económica establecido en el artículo 31 de la propia Carta Magna.

El citado 86.1 de la Constitución permite que “en caso de extraordinaria y urgente necesidad”, el Gobierno pueda dictar “disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes” y que no podrán afectar, entre otras cuestiones, a “los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos”. A su vez, el artículo 31 determina que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica”. Añade que la vía para esa contribución será “un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

Para la Audiencia Nacional, la posible inconstitucionalidad del decreto mencionado derivaba del hecho de que si bien a cuota final de Sociedades pudiera ser inferior a la que resultara de los pagos fraccionados mínimos, cabía la posibilidad de que el ciudadano hubiera soportado una presión fiscal superior a la cuota tributaria definitiva durante la fase que transcurre entre dicho pago fraccionado y la liquidación del impuesto. La Audiencia razonaba, en suma, que aunque se determinara una cuota tributaria inferior a la presión fiscal soportada durante el tiempo transcurrido entre el ingreso del pago fraccionado y el ajuste en la liquidación final del impuesto, no puede decirse que el contribuyente no hubiera sido lastrado por dicha presión fiscal y no hubiera estado contribuyendo al sostenimiento de los gastos públicos.

La tesis de la Audiencia es que el contribuyente ha tenido que hacer frente durante ese período a los pagos a cuenta y garantizarse la liquidez de tesorería con la que afrontarlos. De modo que, en definitiva, habrá tenido que realizar un esfuerzo fiscal que no desparece por el hecho de que la liquidación del impuesto lleve a un resultado a devolver. La circunstancia de que luego se devuelva un parte de lo pagado sin intereses no elimina el riesgo de que el contribuyente haya tenido que asumir repercusiones más o menos importantes en la situación financiera de la sociedad y en su actividad empresarial.

El decreto cuestionado fue aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en septiembre de 2016, estableciendo un tipo mínimo del pago fraccionado del 23% en el impuesto sobre Sociedades para las empresas que facturen más de 10 millones de euros anuales. Las empresas en estas circunstancias son unas 9.000. La norma también dispuso un tipo mínimo del pago fraccionado del 25% para bancos y refinerías.

El Constitucional tiene una abundante jurisprudencia sobre las limitaciones en el ámbito tributario. El tribunal ha establecido el criterio de que la figura del decreto ley no puede afectar a elementos esenciales del IRPF o del Impuesto sobre Sociedades. El motivo es que se trata de “piezas básicas del sistema tributario, y, concretamente, de la imposición directa en España”. Una de las sentencias más conocidas basadas en esta doctrina fue la que en 2017 declaró inconstitucional la “amnistía fiscal” acordada en 2012, una decisión que el tribunal consideró que desbordaba dicho límite constitucional.

Leave a Reply