Un registro del caso Zaplana revela pagos de una empresa a dos exdiputados del PP

Un hallazgo casual en el caso Erial, la investigación abierta al exministro y expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, puede propiciar un impulso a otras diligencias que se siguen en la Audiencia Nacional contra los exdiputados del Partido Popular Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna.

La investigación que se instruye en Madrid apunta a que ambos responsables del PP recibían comisiones millonarias por hacer de intermediarios de empresas españolas en el extranjero para obtener contratos. Arístegui se desvinculó de su sociedad en favor de su hijo poco antes de ser nombrado embajador en India en 2012 (hasta entonces era diputado).

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) inspeccionaron el pasado mes de julio una sede de la empresa Elecnor en Bilbao en el marco de unas entradas y registros relacionados con el caso Erial. En concreto, buscaban documentación de otra supuesta comisión. En este caso la que, según los investigadores, recibió el que fuera conseller de Industria en la época de Zaplana, Fernando Castelló, que también ocupó una secretaría de Estado con el Gobierno de José María Aznar.

La investigación de la UCO apunta a Elecnor, una de las sociedades que formó Guadalaviar, firma que resultó adjudicataria de varios de los proyectos y se hizo con cinco zonas del plan eólico valenciano. Tal y como publicó LAS PROVINCIAS, Castelló presuntamente cobró de esta mercantil 150.000 euros de comisión, siempre según la UCO.

La sociedad está a nombre de unos familiares muy cercanos y habría ingresado el dinero por trabajos que nunca se realizaron, según las pesquisas. Los agentes también procedieron entonces al registro de la vivienda del responsable autonómico.

Es en este contexto cuando se produjo el hallazgo casual de la documentación. Los papeles se encontraban en un cajón del despacho del responsable de contabilidad de Elecnor. En el interior de una carpeta se conservaba una factura de 211.000 euros, fechada en diciembre de 2014, de la empresa Karistia SL.

El administrador único de esta firma es Gustavo de Arístegui, según detallan los especialistas de la UCO. Junto a esta factura, figuraban unos correos electrónicos entre responsables de la compañía que ponen de manifiesto de dónde procede la orden de este pago y cómo se había incluido contablemente en uno de los numerosos proyectos de la mercantil.

De igual modo, se halló otra documentación que constataba pagos a un empresario español en Argelia y a la mercantil Scardovi, la consultora vinculada al diputado Gómez de la Serna. Todas las personas que aparecen en la documentación estarían relacionadas con las diligencias del juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía Anticorrupción ya solicitó el envío de toda esta documentación a la Audiencia Nacional. La decisión fue acordada por la titular del juzgado de Instrucción 8 de Valencia, que instruye el caso Zaplana.

Las investigaciones sobre la fortuna en el extranjero de Eduardo Zaplana cimentada en el supuesto cobro de comisiones continúan. La UCO sostiene que el dinero procede de tratos de favor de la Administración en la adjudicación de los parques eólicos y la privatización de las ITV. El juzgado ya tiene bloqueados bienes y dinero con un valor aproximado de 11 millones de euros. El supuesto testaferro, el abogado uruguayo Fernando Belhot, transfirió cerca de siete millones desde una cuenta en Suiza. Zaplana, en cambio, ha negado que ese dinero le pertenezca.