Sánchez e Iglesias acuerdan imponer topes a los alquileres y contemplan medidas para “los contratos existentes”

Los límites de los alquileres no supondrán un escollo para los Presupuestos, que este martes aprobará el Consejo de Ministros, pero su puesta en marcha es inminente. Eso es lo que han acordado Unidas Podemos y el PSOE, las dos fuerzas de coalición del Ejecutivo, para superar las barreras en la negociación de las cuentas públicas. El pacto entre los dos partidos señala que la cuestión formará parte de la futura Ley de Vivienda, que ahora mismo se encuentra en fase de información pública, tal y como ya pretendía el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Pero el nuevo pacto añade detalles a lo que hasta ahora se conocía y perfila como uno de los objetivos establecer “mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes”.

Fuentes del citado Ministerio señalan que esa alusión a los contratos ya existentes está pensada para proponer bonificaciones fiscales, algo que por ejemplo se hace en Portugal, e incentivar así los arrendadores a reducir las rentas que cobran. “No puedes hacer bajar un contrato en vigor, pero sí puedes incluir acciones que puedan propiciar eso”, explica la citada fuente, que deja claro que cualquier medida que se cite ahora es a modo de ejemplo ya que debe ser en el desarrollo de la futura ley de vivienda, y en el diálogo con todas las partes implicadas, donde se definan los mecanismos concretos.

Básicamente, la idea de dejar los límites de rentas para la Ley de Vivienda es lo que pretendía desde el principio el ala socialista del Gobierno, que ya contemplaba tener lista esa norma a principios de 2021. Pero Podemos imprime velocidad a la iniciativa y logra arrancar un compromiso concreto de plazos: el Consejo de Ministros tiene tres meses para darle luz verde y el texto deberá llegar al Congreso en un máximo de cuatro meses. Allí, teóricamente, debería superar el escollo porque muchos partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez ya firmaron el pasado viernes un acuerdo a favor de la medida, aunque en el mismo no se encontraba el PNV.

“Consenso con los agentes sociales”

Además, el acuerdo señala que además del Ministerio que dirige José Luis Ábalos, sobre el que recaen las competencias estatales de Vivienda, será coproponente de la ley la Vicepresidencia Segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030, encabezada por Pablo Iglesias. La elaboración de la norma se hará “sobre la base de la necesaria concertación y cooperación con las comunidades autónomas y Ayuntamientos y con el consenso y diálogo con los agentes sociales, sindicatos y los agentes del sector, contando entre ellos con los sindicatos de inquilinas”. No será un consenso sencillo, ya que las empresas del sector inmobiliario rechazan de forma masiva la regulación de precios.

Sobre los objetivos de la nueva ley, PSOE y Unidas Podemos se comprometen a “habilitar a las comunidades autónomas y los Ayuntamientos para que a partir del Sistema de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda desarrollado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana puedan establecer su índice de acuerdos con una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica”. Dicho indicador servirá para “articular mecanismos básicos” y que administraciones locales o autonómicas puedan “declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado”. Esta fórmula es similar a lo que ya contenía el acuerdo del Gobierno de coalición.

Blindaje a la ley catalana

Sin embargo, el acuerdo introduce dos posibilidades sobre lo que se hará en esas áreas de precios tensionados. La primera es que “se establecerán mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes”. La segunda es que “en todo caso (…) se contendrán las subidas injustificadas en los nuevos arrendamientos, tomando como referencia el precio del contrato del arrendamiento anterior y acotando los incrementos permitidos a las situaciones que se contengan en la ley de vivienda”. Esta segunda es la que inequívocamente se refiere a poner un límite de precios a nuevos alquileres, siempre dentro de las áreas que previamente comunidades o Ayuntamientos declaren tensionadas, y apuesta por tomar como referencia el último contrato de arrendamiento de un inmueble. Queda por definir qué pasará con las casas que entren por primera vez (o después de mucho tiempo) en el mercado de arrendamiento.

Además, el pacto alcanzado por los dos partidos que comparten presencia en el Ejecutivo señala que la ley ayudará a “convalidar los avances de aquellas comunidades autónomas que tengan definido un sistema de Referencia de Precios del Alquiler”. Es un objetivo a medida de la nueva ley de control de precios que recientemente aprobó el Parlamento de Cataluña (la comunidad que tiene más avanzada una estadística de rentas, junto con la Comunidad Valenciana). La norma autonómica ha nacido bajo una espada de Damocles ya que el propio Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat señaló que invadía competencias estatales. Unidas Podemos ha defendido en la negociación de los últimos días la necesidad de blindar esa ley ante posibles recursos judiciales para atraer el voto favorable a los Presupuestos de los nacionalistas catalanes.

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