Crisis en Canals tras la renuncia de los dos ediles tránsfugas

Unos días después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de la edil tránsfuga de La Font de la Figuera, confirmando la ilegalidad de sus cargos otorgados por decreto de la alcaldía, los dos concejales de Canals, también exconcejales de Cs que apoyaron la investidura de la alcaldesa, Mai Castells, en contra de las directrices del partido, han presentado su renuncia.

Sin embargo, Celia Bononat y Javier Pérez, en su escrito de renuncia a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, hacen referencia a este hecho sólo al final. Previamente justifican su marcha en un duro documento en el que cargan contra los que han sido, en el último año, sus compañeros de gobierno, Compromís y Canals en Moviment. Aseguran que «más que gobernar por y para el pueblo, han gobernado en aras de la consecución de sus propios objetivos o fomentado el clientelismo dentro del Ayuntamiento».

Hablan de «desprecio total y absoluto» hacia sus personas y hacia su forma de hacer política y les acusan de «atribuirse méritos» sobre trabajos que han desarrollado sus concejalías. Critican la «desidia con la que se han tratado temas importantes que ha llevado a que muchos de los servicios municipales no se estén prestando» y que todo ello hace que «no podamos ser por más tiempo partícipes de este equipo de gobierno».

El PSPV estudia si retira el recurso presentado por los nombramientos, a la espera de que se asuman responsabilidades

Renuncian a sus cargos como segunda teniente de alcalde y delegada del área Administrativa, Bienestar Social y Gobierno Abierto, en el caso de Bononat y Pérez como concejal de Agricultura y Cementerio, así como a sus remuneraciones, pero no a su acta como concejales y aseguran que «desde la responsabilidad que nos otorgan nuestros votantes», continuarán trabajando por el pueblo.

El equipo de gobierno de Canals se queda, así, en minoría, siete concejales, frente a diez de la oposición. Desde el grupo socialista, que ha sido quien ha llevado al Contencioso el nombramiento de estos ediles, acogiéndose al artículo 73.3.3º de la Ley de Régimen Local y al pacto antitransfuguismo, se aplaude la decisión de los dos ediles. «Se ha acreditado que era ilegal, que había pacto tránsfuga y al menos han reconocido y asumido sus responsabilidad y quien debe asumirla inmediatamente es la alcaldesa, porque primero la Justicia y luego sus socios de gobierno demuestran que es un hecho ilegal», manifiesta el portavoz socialista, Antonio Orea.

Sobre si van a retirar el recurso, Orea asegura que lo estudiará la ejecutiva, pero que también dependerá de si se asumen responsabilidades políticas. «Ahora se abre un nuevo escenario con un gobierno en minoría que ha hecho la vida imposible a la oposición. Lo que sí tenemos claro es que siempre actuaremos con responsabilidad y mirando por el interés del pueblo», asegura.