El cierre en falso del alijo de droga en Elcano

Seis años después del hallazgo del mayor alijo de droga intervenido en un buque de la Armada española -los 127 kilos de cocaína encontrados en el pañol de contramaestre del Juan Sebastián Elcano tras atracar en Cádiz-, la investigación está a punto de cerrarse en falso de forma definitiva.

La juez togado ha decretado el archivo provisional por segunda vez en este tiempo después de que el pasado 26 de octubre recibiera un informe de la Guardia Civil sobre la situación personal y patrimonial de los militares investigados. Unas pesquisas que concluyeron que no había indicios suficientes de un enriquecimiento ilícito procedente, supuestamente, de esta operación de narcotráfico a gran escala.

Por lo tanto, la instructora tiró la toalla al verse incapaz de construir un relato de hechos coherente sobre lo sucedido, ni recabar indicios suficientes hasta la fecha para procesar a los 13 encausados. Atiende así a la petición de una de las defensas ejercidas por el abogado Fernando Pamos de la Hoz.

La última baza la tiene ahora la Fiscalía Militar, que esta semana tiene que decidir sobre la presentación o no del recurso de apelación ante el Tribunal Militar Territorial. Por ahora ha consumido casi todo el plazo dado por la juez sin que haya habido respuesta. Por lo que no es descartable que la causa quede definitivamente enterrada.

La juez ya propuso el sobreseimiento en junio de 2018, pero el Tribunal Militar no lo aceptó y obligó a realizar varias diligencias solicitadas por la Fiscalía. Sin embargo, estas pesquisas se han llevado a cabo sin resultado.

La investigación se remonta a abril de 2014, cuando Elcano hizo una escala en el puerto colombiano de Cartagena de Indias. En los cinco días que estuvo allí atracado varios marineros introdujeron presuntamente más de 150 kilos de cocaína que les entregó un grupo de narcotraficantes.

En la siguiente escala, en Nueva York, los militares entregaron supuestamente unos 26 kilos a otros traficantes del Bronx, un caso que fue investigado por las autoridades locales y que desembocó en la detención de seis marineros y el cocinero del buque. Se trata de un brigada, un cabo primero y tres marineros, dos de ellos ya fueron procesados por delitos de tráfico de estupefacientes en relación con el episodio en la ciudad estadounidense.

En el caso por el alijo principal, sin embargo, llevaba meses parado a pesar de que se había practicado la prueba solicitada, entre ella la toma de declaración de los seis marinos que prestaban servicio en el pañol de contramaestre, en donde apareció escondida la droga en cajas de un kilo en las que podía leerse «café». Todos ellos negaron su participación en el asunto y aseguraron desconocer quién podía haberlas escondido allí.

La juez ha comprobado que no consta en la documentación del buque que se produjera dicho embarque de café presuntamente utilizado como tapadera, si bien las testificales no aportaron «suficiente concreción» para establecer si dicha carga de cajas se produjo realmente, desde dónde y en qué circunstancias.

Del mismo modo, en el caso de que la droga efectivamente se hubiera embarcado de dicha forma, no existe tampoco ningún indicio de cómo llegaron al pañol. Es decir, se metieron 127 kilos de droga pero nadie sabe cómo.

     

     

Personal ajeno al buque

     

En cuanto al cocinero Manuel Sirviente y su presencia durante el embarque de las cajas en Colombia, varios testigos le sitúan en puerto con su mujer en el momento en el que supuestamente se produjo el embarque, pero existen otros testimonios contradictorios sobre estos indicios.

Entiende la instructora que se abre una «clara probabilidad» de que personal ajeno al pañol de contramaestre al que pertenecían los investigados hubiera podido llevar a cabo el almacenamiento, y más teniendo en cuenta que en el puerto de Cartagena de Indias se hacían reparaciones en el buque y se utilizaba de forma continua material del pañol (cables, cuerdas, etc.).

A ello se suma que durante cuatro días de dicho atraque la mayoría del personal se ausentó por la concesión de permisos, sin que la Guardia Militar controlara las entradas y salidas de la dotación ni los efectos que embarcaban, ya que los protocolos eran laxos.

En manos de la Fiscalía castrense está ahora el futuro de una investigación que puede cerrarse en falso seis años después.