Mujeres esterilizadas a la fuerza

Cuando los padres de una mujer con distrofia de Steinert (dificultad para relajar los músculos) y «discapacidad intelectual y motora» observaron un cierto despertar sexual en su hija, ya mayor de edad, fueron a juicio para impedir que tuviera hijos, dentro de un proceso que transformaba la patria potestad en tutela. La esterilización forzosa se dirime en los tribunales españoles un centenar de veces al año. Se han resuelto 994 casos en los últimos diez años, según el Consejo General del Poder Judicial, aunque durante 2020, periodo en que los juicios y las cirugías se han ralentizado, sólo han sido 16 hasta septiembre.

Entre las mujeres con discapacidad se habla con naturalidad, e indignación, de estas operaciones a las que han sido sometidas algunas de ellas. «Con tutela y sin tutela, se hace», dice un técnico del sector. Invisibles y silenciosas, las estadísticas y la segmentación de datos son exiguas. «La mayoría de las familias no quiere hablar ni informar de esto, así que es muy complicado de cuantificar», explica una fuente de Asuntos Sociales. Sin embargo, su existencia ha sido reconocida por el Congreso, que en octubre aprobó una propuesta para penalizarla, a instancias de Ciudadanos. Como la enmienda al Código Penal aún no se ha publicado en el BOE, esta práctica sigue eximida de penas.

En cifras

994
casos de esterilización por incapacidad han sido resueltos en los juzgados entre 2009 y 2019, según datos del CGPJ.
Un hombre
Una sola vez se ha llevado a juicio la castración de un varón con discapacidad, en Zaragoza en 2018

«Las esterilizaciones forzosas son una discriminación evidente hacia las mujeres que las hace aún más vulnerables», afirma Ángel San Gregorio, director de Plena Inclusión Madrid. «Confiamos en que el proceso para erradicarla ponga fin a una práctica que afecta a mujeres incapacitadas judicialmente, en un alto porcentaje con discapacidad intelectual o del desarrollo». Según los estudios de esta plataforma, el 31% es víctima de «algún tipo de violencia», entre las que se incluyen las esterilizaciones, y una tercera parte no ha ido nunca al ginecólogo.

En el caso de la joven con distrofia, el juzgado de primera instancia declaró su incapacidad pero no autorizó la esterilización. Los padres apelaron con la adhesión de la Fiscalía en 2018. Según ellos, su hija no es capaz de tomar decisiones y, debido a la enfermedad crónica, precisará siempre de cuidados. La Audiencia Provincial de Murcia recomendó una «fimbriectomía» de «carácter irreversible» y desestimó cualquier otro método esterilizador menos drástico.

«Los padres tutelan ámbitos, ya sean patrimoniales o médicos», explica Cristina Rodríguez, responsable de Intervención del Grupo de Mujeres de la Asociación para la Atención de Personas con Inteligencia Límite (Adisli). «La paternidad o maternidad no se mencionan en la tutela, pero la esterilización puede hacerse también sin el conocimiento de la persona afectada. Simplemente no se le informa. Este tipo de mujeres no son las eternas niñas que no tienen sexualidad, y sin formación surgen los peligros».

Castración en Zaragoza

Con un grado de discapacidad reconocido del 65%, un hombre de 42 años, natural de Zaragoza, se enfrentó en tribunales a su tutora, que solicitaba autorización judicial para someterle a una esterilización. Debido a un «retraso mental», su protegido no era «capaz de comprender el alcance de la paternidad» ni de conocer «el funcionamiento de los anticonceptivos», según su familiar, que aseguró que el hombre ya mantenía relaciones sexuales con una pareja. En su declaración, él lo negó. Asistido por la Fiscalía, ganó el juicio contra una medida «desproporcionada».

Unos meses después la Audiencia Provincial de Zaragoza rectificó la decisión, con la venia del Ministerio Público, que había cambiado de postura. Esta sentencia de los últimos días de 2018 constituyó la primera en la que un hombre se enfrentaba a su tutor para evitar la castración. La jurisprudencia hasta entonces se limitaba a los «supuestos de incapacitados no varones» y se ha basado en una ponencia del Constitucional de 1994, en la que establece que la «autorización judicial» sustituye el «consentimiento de la persona incapaz», aunque aclara que no puede ejecutarse como una política de Estado ni se puede justificar en una posible «tara» genética ni en la «tranquilidad» de sus cuidadores. No obstante, sólo desde 2016 es obligatorio que en los juicios intervenga un fiscal para aumentar las garantías procesales, indica una fuente de Justicia. En esos años las personas con discapacidad tampoco tenían derecho al sufragio. «Ahora tenemos que ganar el derecho a la maternidad», dijo una de ellas, cuando acudía a votar por primera vez.

Cristina Paradero | Formadora, 37% de discapacidad y esterilizada

«Mis padres me dijeronque lo mejor para mí era ligarme las trompas»

Cristina Paradero, de la Junta Directiva de Plena Inclusión.
Cristina Paradero, de la Junta Directiva de Plena Inclusión.

«En mi casa siempre tuve una educación restrictiva. No era una cuestión religiosa. Más bien era machismo y sobreprotección. Mis padres fueron siempre muy cerrados con la sexualidad y siempre pensaron que yo era muy ingenua. No sólo en lo sexual, sino en todos los aspectos de la vida. Mis padres decían que ningún chico iba a querer tener relaciones conmigo porque era rara y estaba gordita».

Dice Cristina Paradero que cuando le diagnosticaron Asperger a los 19 años entendió «las situaciones de acoso escolar y sexual que sufrí. Era 2010. Desde entonces empecé a disfrutar de mi vida social, relacionándome con más personas con el mismo síndrome. Encontré un novio, con el que me sentí preparada para tener relaciones sexuales. Mi padre se enteró y entró en cólera. Me prohibió verlo, pero yo no estaba dispuesta a renunciar a mi libertad. Me amenazó con echarme de casa y se retractó cuando no cedí al chantaje».

Ese fue el momento clave para Cristina. «Ese mismo año mis padres me dijeron que lo habían estado pensando y que lo mejor para mí era ligarme las trompas. Me hablaron de sus ventajas: se protegen los ovarios, el periodo deja de doler, el flujo es menos abundante. Dijeron que como tenía novio y era muy descuidada podría quedarme embarazada. Y que sería una irresponsabilidad traer un hijo con Asperger al mundo para que sufriera lo mismo que yo. Esa frase me hizo clic en la cabeza».

Condicionada por la presión de sus padres, fue la propia Cristina quien decidió ligarse las trompas. Me operaron en una clínica. El médico me dijo exactamente lo mismo que ellos. No me explicó el procedimiento. La operación la recuerdo traumática. Estar en el quirófano totalmente desnuda y los médicos que entraban y salían. Me sentí muy violenta. Me durmieron y desperté.

Con otra pareja

«Mucho después vi que me habían manipulado. Cuando tuve otra pareja en 2014, él me preguntó por qué me había operado y le respondí lo de siempre: que no quería que mis hijos sufrieran de incomprensión por tener Asperger y que yo podía cometer estupideces. Y él me dijo: ¿y qué tiene de malo tener un hijo con Asperger? A partir de ahí me empecé a plantear que no había tomado esa decisión libremente. Empecé a colaborar con instituciones y a ser activista. Y me fui de casa a los 22 años».

Cristina Paradero se rebela, aunque ni siquiera tiene claro que quiera ser madre. «Tengo entendido que la esterilización es reversible pero nunca me han gustado los hospitales y tengo miedo al dolor. Ahora no sé si realmente quiero tener hijos pero sí sé que no hubiera tomado esa decisión. Hubiera esperado porque nunca sabes qué te deparará la vida».

«Cuando un padre esteriliza a su hija es por miedo, porque no confía en su capacidad. Se engañan a sí mismos al creer que es por el bien de ella. Lo hacen por ellos, para tener tranquilidad. Las mujeres con discapacidad siguen siendo mujeres y tienen unos derechos sexuales y reproductivos que no se pueden vulnerar, independientemente del grado de funcionalidad», asegura.

«No es fácil contarlo al mundo. La mayoría desconoce que han sido esterilizadas porque le han mentido de una manera atroz, y las que se callan para no señalar a su familia perpetúan el abuso».

Fátima | Estudiante y 88% de discapacidad intelectual y visual

«Me indigno por todas las perrerías que le pueden hacer a una chavala como yo»

«Somos mujeres como todas las demás y tenemos derecho a sentir que alguien crece dentro de nosotras. Me gustaría ser madre, formar una familia. Pero las mujeres con discapacidad tenemos más dificultades a la hora de tener hijos. Según la sociedad en que vivimos, nosotras no tenemos derecho a ser madres. Tenemos que estar solteras toda la vida. Y yo quiero casarme con una boda y un banquete, y tener los hijos que Dios me dé. Mi madre se sorprendió cuando le dije que quería ser madre. Mi padre no dijo nada. Salió en una conversación. Pero dicen que voy a necesitar mucha ayuda».

Fátima quiere sobre todas las cosas ser madre, pese a su 88% de discapacidad intelectual y visual. «Me veo criándoles, tirando de guarderías y de los abuelos. Si hay que hacer malabares, se hacen. Lo primero, de todos modos, es terminar mis estudios y encontrar un trabajo. Ahora mismo mis prioridades son otras. Pero sí tengo ganas de ser madre. Y si alguna de mis amigas me dice que quiere ser madre, quién soy yo para decirle que no. Pero en este país a muchas chicas se les ha quitado el derecho a ser madre sin ellas saberlo. Se les oculta que las van a operar. La culpa es de las familias y el médico».

Fátima reivindica el derecho de todas las mujeres a ser informadas. «¿Tú crees que eso es normal? Las chicas deben saber la verdad y lo que les pasará después de esa operación. Y negarse a operarse. Ir al médico con alguien que le ayude a entender su lenguaje. Me indigno de todas las perrerías que le pueden hacer a una chavala como yo, sin ella saberlo. Es muy injusto y pasa más de lo que nos gustaría».

«La familia no quiere que tenga hijos y se cree con derecho a decidir por la chica. La operan sin que ella lo sepa. ¡La propia familia! Creen que no vamos a ser capaces de cuidar a nuestros hijos. ¿Se nos da la oportunidad de demostrar que sí? No. Hay que cambiar la forma de pensar de la gente, la sociedad en que vivimos. Empezando porque las mujeres ganamos menos que los hombres, y con discapacidad es peor»

«Me parece raro que nos digan que no podemos tener descendencia y luego seamos nosotras las que nos quedamos en las casas cuidando de los padres o de los hijos de los demás».

«Estamos cambiando las cosas, pero hay que cambiar todavía más. Me gustaría que mis hijos siguieran los pasos de mi madre. Que sean médicos o enfermeras. O lo que ellos quieran».

Conchi González | Funcionaria, 35% de discapacidad y un hijo

«Me fijo en aquellosque han matado a sus hijos. ¿Tenían discapacidad? No»

Conchi González, con su familia, cuando el crío era pequeño.
Conchi González, con su familia, cuando el crío era pequeño.

«Mi familia no me tutela. Yo voy libre. Yo tengo voto, voz y de todo. Tomo mis decisiones. Tenía 20 años cuando me casé. Mi marido tenía 33. Él también tiene discapacidad. Un 35% cada uno. Gané unas oposiciones especiales en 2012 y estoy en la Tesorería de la Seguridad Social y un día, paseando, encontramos un piso que se adaptaba a nuestro presupuesto y lo compramos».

Conchi González siempre ha tenido muy claro lo que deseaba. «Si yo quiero estar con una persona y tener hijos, ¿por qué no voy a poder? Hay mujeres a las que, por tener discapacidad, les hacen la ligadura de trompas. Siempre a las mujeres, a los hombres nunca les hacen una vasectomía. La ligadura la deciden los padres, que antes tienen que incapacitar a la chica. Tener ellos la tutela. Yo conozco varios casos. Tengo una compañera que sí sabe lo que le han hecho. Es una persona triste. Otras no se dan cuenta o las engañan. No apoyo eso, ni tampoco cuando te quitan un niño por tener una incapacidad grave o severa. Hay que poner más apoyos y menos ligaduras».

A pesar de sus limitaciones, Conchi siempre ha querido tener un hijo. «Pero no venía. Antes de quedar embarazada fui a mi doctora. ¿Usted cree que podemos tener hijos?, le dije. Se lo planteé porque yo creía que teníamos todas las papeletas para tener un hijo con discapacidad. Y ella me respondió: nadie sabe si va a salir con un problema o no».

«Mi hijo nació en 2002. Yo tenía 25 años. Fue muy deseado. Mis padres también querían un nieto. Uno nada más. Nació prematuro, a las 34 semanas. Cuando era bebé no comía ni cogía peso. Ese primer año fue difícil. ¿Qué estoy haciendo mal?, pensaba. Pero no era lo que yo hacía. Todo niño prematuro tiene su ritmo. Ahora el chaval está fenomenal. Está hecho un toro. No tiene secuelas ni ninguna discapacidad».

Conchi está especialmente contenta por el apoyo que ha tenido de su familia. «Lo que me diferencia de otras mujeres en mi situación es el apoyo de mi familia. Yo estoy respaldada siempre. La mayor discapacidad de una persona es una familia que no te apoya».

«Te miran distinto»

«Tener hijos es el derecho más importante que nos falta ahora. Estamos reclamando que nos respeten, porque también tenemos necesidades afectivas. Si una mujer con discapacidad puede cuidar a una persona mayor, darle su medicina o cambiarle los pañales, ¿cómo no va a poder con su propio hijo? Pero siempre te miran distinto»

El hijo de Conchi es ya un adolescente. «Tiene 17 años. No tiene conflictos. Tampoco es un santo pero nunca hemos tenido problemas con él. La maternidad me ha enseñado lo crudo que lo han tenido mis padres. Hasta que no tienes hijos no sabes lo que sufre un padre para sacar adelante una familia».

«Y ahora me fijo en aquellos que han matado a sus hijos. ¿Tenían discapacidad? No. Yo, que soy una luchadora, a todos los sitios iba con mi hijo. Igual hacía su padre. Siempre hemos ido por delante. Tener a mi hijo es lo máximo que me ha podido pasar».